El 2025 fue un año marcado por la agitación e inestabilidad administrativa, jurídica y académica en la Universidad del Atlántico.

El cambio de rectoría trastocó la senda de mejoría que había logrado esta alma mater en los últimos años en materia de orden institucional.

El enfrentamiento de los candidatos a ocupar el máximo cargo dentro de la universidad, así como las disputas de sus seguidores, terminaron por empañar esa imagen ya finalizando el año.

El pitazo inicial para la contienda lo dio el Consejo Superior en julio pasado, cuando aprobó —mediante Acuerdo Superior 000023—el calendario oficial para las elecciones que contaron, en un primer momento, con 19 aspirantes y que terminó reduciéndose a cinco tras la consulta interna de estudiantes y docentes el pasado 2 de octubre.

Danilo Hernández, que buscaba la reelección; el exsecretario de Educación, Leyton Barrios; el ex vicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González; el exgerente de Capital Social del Atlántico, Wilson Quimbayo, y el docente Alcides Padilla, fueron los candidatos que se ‘pelearon’ la rectoría de Uniatlántico.

Fueron meses de mucha tensión y en donde cada día surgía una información diferente que comprometía a los aspirantes, procesos que se reactivaban o simplemente datos que buscaban dañar la campaña de unos con otros.

Asimismo, se convirtió en una pelea por el poder entre clanes políticos, Gobierno nacional y otros actores que tenían el interés de quedarse con la institución de educación superior.

Controversial designación

La situación se intensificó cuando les tocó a los miembros del Consejo Superior decidir la persona que lideraría los procesos de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029.

Pese a los resultados de la consulta académica, que dejó como ganador a Danilo Hernández con 6.345 votos, además de las advertencias del Ministerio de Educación Nacional, cinco de los nueve consejeros designaron —el 27 de octubre— a Leyton Barrios como rector.

Sobre este candidato, en particular, pesaba una información de que supuestamente no cumplía los requisitos para el cargo, los cuales exigían contar con al menos 4 años de experiencia como docente. Para acreditar el tiempo y entrar en la contienda habría presentado certificaciones falsas.

Esto derivó ciertas situaciones de orden que pusieron en riesgo la integridad de la comunidad académica. Varias protestas, ataques a la infraestructura educativa, las facultades se declararon en paro indefinido el 30 de octubre y el Ministerio de Educación anunció la intervención inmediata con medidas de control, vigilancia e investigación.

Investigaciones y batalla legal

El 24 de noviembre, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobó la apertura de una actuación administrativa para dar claridad al proceso de designación de Leyton Barrios como rector. Sin embargo, el 1 de diciembre, el gobernador Eduardo Verano informó que la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca había confirmado que el certificado entregado por Barrios para probar sus años de docencia carecía de veracidad, es decir, era falso.

El mandatario departamental declaró en ese momento, con las pruebas en mano, que la continuidad de Leyton Barrios en la rectoría era "realmente insostenible", por lo que pidió al Tribunal Administrativo del Atlántico anular su designación.  

Para el 13 de diciembre, a través de una resolución, el Ministerio de Educación Nacional decidió reemplazar a Barrios por el término de un año prorrogable, al incumplir las órdenes y solicitudes del MEN orientadas “a corregir, superar y mitigar, las presuntas irregularidades advertidas en materia de administración, gobernanza y protección de los derechos fundamentales de la comunidad educativa". 

Posteriormente, el 18 de diciembre, el Ministerio designó a Rafael Castillo como rector encargado de la Universidad del Atlántico para “restablecer la normalidad institucional, asegurar la continuidad del servicio educativo y garantizar condiciones de legalidad, calidad y protección de los derechos de la comunidad universitaria”.

El nombramiento de Castillo permitió dar continuidad a la agenda académica, realizar los grados que se encontraban en el 'limbo' por la situación de la Uniatlántico y el paro decretado por las facultades. Actualmente, hay cierta normalidad en la institución mientras se avanzan en las investigaciones y procesos jurídicos. 

Sin embargo, Castillo —al parecer— tendría vigente una sanción de la Procuraduría por 4 meses, que no habría sido aplicada por la Uniatlántico.  

El economista, el 12 de septiembre de 2023,  fue sancionado con destitución e inhabilidad general de 10 años por extralimitarse en el uso de sus funciones cuando fue rector de la Universidad. 

Lo que dice la defensa de Leyton Barrios

Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, aseguró a Zona Cero que siguen en pie todos los procesos administrativos y penales con los que buscan demostrar que “se querían quedar con la universidad, con intereses que no son del todo claros ni del todo ajustados a la ley”.  

Indicó que la elección Barrios fue “clara” y “legal”, por lo que al Estado en unos años le corresponderá, según dijo, “pagar una indemnización muy alta”.  

“Los perjuicios que se están causando son absolutamente indescriptibles y no ha quedado claro qué pasa con la presunta sanción que tiene el rector nombrado por la Procuraduría (Rafael Castillo)", afirmó Cancino.

Anuncios de inversión en Uniatlántico

El actual rector encargado, a través de su cuenta de X, informó que el Ministerio de Educación Nacional anunció recursos por más de $8 mil millones para la Universidad del Atlántico.

Los dineros, de acuerdo con Castillo, serán destinados en programas de gratuidad y en obras para el edificio de Bellas Artes y la sede de la Uniatlántico en Soledad.

“El Viceministro @ricardomorenoII, nos hizo importantes anuncios: $6800 millones de pesos de recursos de gratuidad, que destinaremos, para programas de bienestar de estudiantes; $1300 millones, para terminación de teatro de Bellas Artes y continuidad en proyecto de Sede Soledad”, escribió el rector.